En el marco de la reforma que lleva adelante el gobierno provincial para agilizar los procedimientos administrativos, el gobernador Hermes Binner firmó un decreto para acelerar el recorrido de los expedientes, simplificando la intervención de los servicios jurídicos permanentes de la administración. Los servicios jurídicos permanentes son las asesorías que, en cada área de gobierno, evalúan los trámites desde el punto de vista legal.
En acuerdo de ministros, a través del decreto Nº 1255, Binner estableció como obligatoria únicamente la intervención de los servicios jurídicos permanentes del ministerio de origen del expediente, para garantizar la celeridad en los trámites administrativos que requieren de una mirada legal.
La norma que regía antes de esta modificación –el decreto 132, de 1994– establecía como obligatoria la intervención del servicio jurídico permanente de cada jurisdicción por la que pasaba un trámite administrativo. Entonces, por ejemplo, un expediente iniciado en el Ministerio de Educación era revisado por el servicio jurídico permanente de esa cartera; si debía pasar luego por el Ministerio de Economía, era nuevamente evaluado por el servicio jurídico de esa dependencia; y lo mismo sucedía en el Ministerio de Gobierno, previo a la firma del gobernador.
De manera que sobre un mismo expediente intervenían tres servicios jurídicos, que en ocasiones aplicaban criterios de análisis diferentes y originaban dictámenes contradictorios, obligando entonces, también, a la intervención de la Fiscalía de Estado.
Ante esta situación de exceso de informes elaborados por los distintos órganos consultivos, es que el gobierno decidió realizar una modificación a los fines de agilizar y dotar de certeza jurídica los trámites administrativos, siempre en el marco de la ley.
Fuente: Santa Fe web (leer completo aquí)
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