Palabra de legisladores

Ayer por la mañana más de 100 legisladores de la oposición al Gobierno Nacional se reunieron en Venado Tuerto con representantes de las entidades del campo. De ese encuentro surgió la Declaración de Venado Tuerto, firmada, entre otros, por el senador nacional y presidente del PS, Rubén Giustiniani, el ex intendente de Córdoba y representante del Partido Nuevo, Luis Juez, el titular de la UCR de Córdoba, Mario Negri, los legisladores socialistas Silvia Aursburger, Sergio Liberatti, Raúl Lamberto, Lucrecia Aranda, Miguel Barrios, Cristina Fregoni, Eduardo Di Pollina. Mónica Fein; Griselda Baldata (ARI Córdoba), Susana García (ARI – CC Santa Fe), Pablo Javkin (ARI – CC Santa Fe), Mario Ardid (Frente Nuevo Córdoba), Gabriel Real (PDP Santa Fe), Lisandro Viale (PS Entre Ríos), Laura Sesma (PS Córdoba), Alfredo Mema (UCR), José María Miser (UCR Entre Ríos) y concejales del Frente Cívico de la ciudad de Córdoba, entre los más de 100 legisladores y dirigentes de la Región Centro que estuvieron presentes.

Declaración de Venado Tuerto

El Gobierno Nacional debe convocar, en forma urgente, con responsabilidad, a la mesa de negociación sin crear una nueva frustración.

El país se encuentra atravesando una coyuntura externa altamente favorable en cuanto al valor de sus exportaciones, sin precedentes en los últimos 50 años. En el marco de este contexto, la producción agropecuaria se convirtió en pilar fundamental de la recuperación económica general en la salida de la crisis que hizo eclosión en 2001.

Argentina solo podrá aprovechar en el largo plazo este escenario favorable si crea las condiciones necesarias para un aumento sustancial de su capacidad productiva, resguardando al mismo tiempo el consumo interno, especialmente garantizando el de los sectores de menores ingresos.

En este sentido, presentamos un conjunto de propuestas no sólo para la resolución del conflicto actual, sino para la formulación de una política agropecuaria de mediano y largo plazo concebida como política de Estado.

Propuestas:

1) Marco institucional para el diseño y la concertación de una política nacional agropecuaria

Es necesario promover mecanismos de diálogo y consenso entre los distintos actores institucionales, a fin de evitar conflictos que no sólo perjudica a los pequeños y medianos productores, destruye las producciones como la lechería y la ganadería, hace inviables las economías regionales y profundiza el monocultivo y la concentración de la tierra en pocas manos; sino que también golpea el bolsillo de la ciudadanía que ve encarecerse y escasear productos de la canasta básica.

En este sentido, entendemos que:

· El Congreso Nacional y las legislaturas provinciales, como ámbitos naturales de debate y construcción de consensos, deben ser los escenarios institucionales en que se discutan y concreten en leyes los distintos aspectos de una verdadera política de Estado en materia agropecuaria, hoy inexistente.

· Es necesario asimismo la puesta en marcha de un ámbito institucional permanente de debate, que reconozca el principio del federalismo. Entendemos que un Consejo Federal Agropecuario Ampliado, donde participen organizaciones civiles, sectoriales y las instituciones científico-tecnológicas, puede ser el espacio institucional adecuado para estos fines.

2) La coparticipación federal

El sistema tributario argentino se caracteriza no sólo por la fuerte regresividad en la carga impositiva y por su carácter asimétrico, sino también por su diseño fuertemente centralizador de los ingresos fiscales en manos del Poder Central. En este escenario caracterizado por la holgura fiscal en la Nación y restricción en las provincias, el Gobierno central avanza cada día más en la apropiación de la mayor porción de la renta nacional.

Por ello impulsamos:

· Ratificar la vigencia y exigir el cumplimiento de la ley vigente de Coparticipación Federal 23.548; en especial en lo que respecta al piso de recursos del 34% sobre el total recaudado que debe se distribuido a las provincias; principio hoy vulnerado

· Cumplimiento del mandato constitucional de sanción de una nueva ley de Coparticipación Federal de Impuestos que permita la construcción de un federalismo fuerte y moderno, y el pleno respeto de las autonomías provinciales.

3) Retenciones diferenciales y justa redistribución

Mientras exista el sistema de retenciones es necesario tomar medidas que apunten tanto a la protección de los pequeños y medianos productores que históricamente han cimentado el desarrollo económico y social del interior del país, como a la justicia distributiva en lo recaudado, que debe contemplar un criterio verdaderamente federal.

Para ello proponemos:
· Reconocer las asimetrías existentes entre los grandes pooles de siembra y pequeños y medianos productores, a través del establecimiento de un esquema de retenciones diferencial y progresivo, que tome en cuenta el tamaño de la explotación agrícola y la producción obtenida.

· Establecer un sistema que establezca una justa compensación a las provincias por las retenciones originadas en sus exportaciones, a fin de que el Estado en sus diferentes niveles –provincial, municipal y comunal– pueda llevar el bienestar a sus ciudadanos.

4) Excedentes exportables

Es necesario producir más, tanto a nivel primario como industrial, pero para ello es necesario generar las condiciones favorables para alcanzar márgenes de rentabilidad aceptables, estableciendo reglas claras, estables y confiables.

En ese sentido proponemos:

· Disponer de un cronograma secuencial y coherente de la apertura de las exportaciones de carne, lácteos y del manejo de los registros de exportación de granos.

· Concertar un mecanismo de fijación de volúmenes y precios para un conjunto de productos destinados al mercado interno, desacoplándolos de los precios internacionales.

5) Un campo con agricultores

El actual modelo productivo ha erosionado el tejido social del medio rural. La transformación de pequeños productores en pequeños rentistas, y la práctica habitual de grandes concentraciones de tercerización de tareas a través de contratistas, ha profundizado el proceso de desplazamiento de pequeños y medianos productores al punto de encontrarnos con una "agricultura sin agricultores", con una estructura productiva concentrada y con graves consecuencias de despoblamiento y crisis de pueblos y comunas del interior.

Es necesario entonces promover el sostenimiento de las pequeñas y medianas empresas familiares agropecuarias, para la cual se debe impulsar una política agraria que frene la desaparición de los productores e inicie el camino de recuperación progresiva de las pequeñas producciones que le dan sustento al interior de nuestro país.

En este sentido proponemos:

· Una política que combine créditos, recálculo de deuda de origen, refinanciación en condiciones favorables y suspensiones de remates.

· Un programa nacional que promueva la construcción y/o mejoramiento de la vivienda rural.

· Mejora de la infraestructura existente: caminos, electricidad, agua potable, vivienda gas, etc.

Por todo ello peticionamos:

1.- Que en el marco del diálogo, que debe ser repuesto y convocado de manera urgente por el gobierno nacional, se encuentre el camino para el cese del conflicto planteado y se proceda a la elaboración de las respuestas necesarias, a través de la implementación de medidas concretas con las correspondientes garantías de implementación que den solución a las demandas del sector agropecuario, así como a las que tienen que ver con políticas productivas de fondo.

2.- Que se convoque para la construcción de estos consensos a las provincias y los demás actores de la producción vinculados con el sector agropecuario.

Conformar en lo inmediato una mesa que permita recuperar el diálogo y la confianza donde se discuta la problemática y reclamos del sector agropecuario en la coyuntura, mediano y largo plazo.

Fuente: Lt10Digital